Un Gobierno Insaciable

En los últimos días, noticias periodísticas dan cuenta de que dentro de las esferas del Gobierno, apoyándose en el resultado positivo obtenido en las elecciones primarias, ya está circulando el borrador de un proyecto de ley para ser presentado en el Congreso, en caso de confirmarse el triunfo de Cristina Fernández en las elecciones de octubre, para reformar el sistema de Obras Sociales.

Esta reforma, que operaría como una estatización del sistema, tendría como principal propósito sumar una nueva caja de recaudación gubernamental ante el inminente agotamiento de la caja de los jubilados, utilizada para financiar al Tesoro, malgastar el dinero en negocios turbios y aumentar el patrimonio de los dueños del poder.

Por supuesto que les resulta interesante apropiarse de una recaudación como la de las Obras Sociales Sindicales, que supera los 30 mil millones de pesos anuales, que éstas destinan a otorgar servicios de salud a más de 20 millones de beneficiarios, a través de un sistema solidario que, pese a todas las trabas que se le han puesto en el camino desde los diferentes gobiernos que transcurrieron - principalmente desde los años 90 hasta la fecha -, ha salido airoso, otorgando servicios dignos para todos los trabajadores que, en definitiva, son los dueños de estas instituciones y que eligen democráticamente a sus representantes para dirigirlas.

Este proyecto, elaborado por sectores juveniles cercanos al Ministerio de Economía, propone crear un súper organismo oficial de salud para que sea el encargado de administrar los aportes y contribuciones previstos por la Ley 23.660 para brindar prestaciones de salud, eliminando a las Obras Sociales. Estos jóvenes pertenecen al mismo grupo que, entre otras empresas, “manejan” Aerolíneas Argentinas de manera extremadamente ineficiente.

La iniciativa lleva también implícito el apoderarse del dinero disponible correspondiente al excedente del Fondo de Redistribución que desde hace varios años no se les devuelve a las Obras Sociales, como lo exigen las leyes vigentes, siendo retenido por el Estado y que constituye en la actualidad una cifra aproximada de 9 millones de pesos.

Para justificar esta decisión, se pretende hacer aparecer a las Obras Sociales Sindicales como centros de corrupción, porque en una minoría de ellas se están investigando hechos de esa naturaleza, sin tener en cuenta que constituyen en su totalidad más de 300 entidades, que en su gran mayoría, como en nuestro caso, son administradas en forma eficiente y con total idoneidad, destinando todos los escasos recursos económicos con los que se cuentan, al cuidado de la salud de sus beneficiarios.

Estemos alertas, de llevarse a cabo este cambio, significaría un despojo más que se concretaría en contra de toda la clase trabajadora argentina.

Publicado porPapeleros Argentinos en 16:05